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La renuncia de Yeni Vilcatoma trajo más de un problema en la bancada fujimorista. Un grupo de sus congresistas, los llamados “evangelistas”, iba ya varias semanas haciendo explicita su disconformidad con la forma en que se toman las decisiones en esa bancada. Parecía que iban a haber más renuncias en el fujimorismo. Aunque hubo varias conversaciones para evitar más renuncias, conversaciones en las que Keiko Fujimori al parecer tuvo un papel protagónico, y se llegó a acuerdos que calmaban los malos ánimos, el fujimorismo fiel a su estilo ya había decidido apoyar la mal llamada “Ley del Transfuguismo”, con la que cualquier disidente posible se arriesgaba a ser un paria político en el Congreso.  La ley fue aprobada y obviamente contó con el voto del fujimorismo.

Hace pocos días, el presidente Kuczynski convocó a un “Consejo de Estado”, que si bien no es un organismo estatal existente, se convertía en ese momento en un sujeto de voluntad  política al ser convocados el presidente del Poder Judicial y la presidenta del Congreso de la República, la señora Luz Salgado. La convocatoria respondía a la intención presidencial de coordinar la lucha contra la corrupción. La presidenta del Congreso decidió no asistir argumentando que no siendo el “Consejo de Estado” un ente orgánico, no estaba obligada. Además de la falta de voluntad política, evidentemente la fujimorista Salgado volvía a mostrar que es el fujimorismo quien realmente manda a través de su mayoría congresal. Claro, mandó el mensaje pero olvidó que ella, durante la dictadura, sí asistía a reuniones convocadas por asesores bajo las sombras que hoy purgan cárcel.

Hace pocos días, gracias a un informe de IDL-Reporteros, se ha hecho público que  la ex funcionaria de Castañeda, Giselle Zegarra, sostuvo conversaciones el año 2014 con Leo Pinheiro, expresidente de OAS, para evitar la firma de la modificatoria del contrato de “Vía Parque Rímac” y perjudicar así la gestión de Susana Villarán y aparentemente dejar la partida presupuestal “libre” para que Castañeda la use para otras cosas, como finalmente sucedió. Al consultarle al congresista Becerril, de Fuerza Popular, sobre la posibilidad de citar al alcalde de Lima para que asista a la Comisión de Fiscalización del Congreso para que informe sobre el caso,  dijo que no era necesario que allí se vea. Nuevamente aprovechando su mayoría para proteger al gran aliado.

El día lunes 24 de octubre, el APRA ha presentado un Proyecto de Ley que modifica la Ley universitaria buscando traerse abajo la reforma iniciada el año pasado. ¿Qué tiene esto qué ver con el fujimorismo? Pues que los comentarios iniciales que han dado anuncian su apoyo a dicho proyecto, y con sus 72 votos en el Pleno, además de su mayoría en las Comisiones Ordinarias, dan por segura su aprobación.

Sigue en marcha la aplanadora naranja, el fujimorismo querrá seguir imponiendo sus reglas al Ejecutivo, querrán seguir aplastando a la real oposición que simboliza la izquierda, y querrán hacer y deshacer las leyes para el beneficio de unos pocos. Lo que olvidan es que las calles estarán ahí para frenarlos, nuevamente.

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